Los ERTE por fuerza mayor, regulados por el gobierno en el RDL 8/2020; la actividad empresarial no se encontraba incluida en las causas de fuerza mayor.

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En esta situación, la empresa podría iniciar un nuevo proceso ante la Dirección General de Trabajo de la Comunidad Autónoma respectiva, o en el Ministerio de Trabajo si la empresa tiene oficinas en varias comunidades. En vez de iniciar un procedimiento abreviado, habrá que iniciar un procedimiento de Expediente de Regulación de empleo de suspensión o reducción de jornada (ERTE), por causas económicas, con unas mayores implicaciones legales.

Por lo que en el caso de que se haya denegado un ERTE por fuerza mayor, se podría interponer una demanda judicial ante un Juzgado de lo Social, haciendo valer los motivos que llevaron a solicitarlo, acogiéndose a las causas de fuerza mayor.

Otra solución para frenar el concurso de acreedores sería refinanciación y reestructuración de la deuda empresarial, como ya hicieron las empresas en su momento durante la crisis económica del año 2008, que supuso un cambio radical de tendencia en las tasas de morosidad. La reestructuración de la deuda empresarial supone un instrumento legítimo y necesario, tanto para la gestión de las entidades de crédito como para contribuir a la estabilidad del conjunto del sistema financiero y al desarrollo de la economía.

Por medio de una reestructuración de la deuda se podría conseguir que las obligaciones remanentes sean asumibles y así las empresas seguirían atendiendo sus compromisos económicos, generando riqueza y creando puestos de trabajo. La supervivencia de las empresas resulta obviamente beneficiosa para el sistema bancario en su conjunto y fomenta la estabilidad financiera, a la vez que las entidades de crédito logran una mejora en el grado de recuperación de sus créditos.Se deberá entonces analizar de forma individualizada las fuentes de renta del prestatario, que permitan, la capacidad de pago sobre la base de una generación de ingresos recurrentes, suficientes y contrastables.

En definitiva, todo parece indicar que, al caos generado en la aprobación de los ERTES, le seguirá el previsible atasco de los Juzgados Mercantiles para tramitar los concursos, lo que agravará la ya de por si delicada situación de muchas empresas.

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