El papel de las Administraciones Públicas en el concurso de acreedores.

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Las instituciones públicas son uno de los acreedores más frecuentes en este tipo de procesos, aunque su participación en los mismos ha sido tradicionalmente mucho menor que la del sector privado.El incremento de la participación de las Administraciones es fundamental tanto para las empresas afectadas como para el propio sistema judicial por dos variables básicas: la viabilidad de las compañías y la agilidad del proceso. Con una colaboración activa de las instituciones, al igual que del resto de acreedores, se puede llegar a acuerdos de una forma mucho más rápida, garantizando que el proceso sea lo más fluido posible, y ayudando a la empresa a lograr un plan de viabilidad, en los casos en que se pueda dar tal condición.

En caso de ejercer la Administración Concursal, debemos considerar que, desde la fecha de aceptación del cargo no se pueden generar créditos contra la masa que no puedan atenderse, porque se estaría incrementando la deuda de la concursada y el administrador concursal podría incurrir en responsabilidad. Por este motivo, es fundamental contar con una previsión de tesorería semanal que justifique y de soporte a la autorización de los pagos que proponga la compañía concursada.

En caso de jugar el rol de asesores de la empresa en dificultades, desde el primer día en que se inicie la colaboración es imprescindible analizar con detalle la posible deuda con la Agencia Tributaria y cualquier otro organismo público, ya sea por cuantía, concepto, vencimiento, etc. De esta forma, la contabilidad debe reflejar de forma exacta dicha deuda, para que pueda ser trasladable en la lista de acreedores que se presente con la solicitud de concurso.

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