Retrasar la obligación de presentar concurso de acreedores agrava la situación de las empresas.

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Puede que sea un error necesario, pero es un error porque se trata de un mecanismo que ofrece herramientas para resolver problemas de solvencia, alegan expertos en materio concursal.En abril, en pleno confinamiento y cuando las consecuencias económicas de la crisis sanitaria ya habían puesto contra las cuerdas a muchas empresas, el Gobierno suspendió temporalmente la obligación de presentar concurso de acreedores que tienen todas las compañías, como muy tarde, dos meses después de saber que son insolventes. En noviembre, estableció una ampliación de moratoria; cualquier negocio puede iniciar voluntariamente el procedimiento concursal cuando lo considere oportuno, pero no tendrá la obligación legal de hacerlo hasta el próximo 14 de marzo. Con esta medida, según la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, el Ejecutivo pretende dar a las empresas y autónomos”más tiempo para cumplir con sus responsabilidades financiera”. Pero, cuando una firma está en apuros esperar a que escampe puede que no sea la mejor idea.”La moratoria es un ‘patapum p’alante’ que agrava la situación de esas empresas», lamenta Unai Olabarrieta, vicepresidente de la Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC), quien prevé una «avalancha» de concursos de acreedores cuando finalice la moratoria. 

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