Alcance de la intervención o suspensión de facultades en el concurso de acreedores de persona natural.

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La situación económica actual, generada por el COVID-19, afecta negativamente a los autónomos y a los trabajadores por cuenta ajena más desfavorecidos. El aumento de los acuerdos extrajudiciales de pago (arts. 631 a 682 concurso de acreedores, intervención o suspensión en concurso de acreedores), concursos consecutivos (705 a 720 TRLC) y solicitudes de beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho (art. 486 a 502 TRLC) exigirá a los mediadores, administradores concursales, Juzgados Mercantiles (personas naturales profesionales o empresarios) y Juzgados de Primera Instancia (personas naturales consumidores), además de conocimiento jurídico, una especial sensibilidad para que, las personas naturales que pretendan acogerse al beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, no se sientan humillados, maltratados o excluidas de la sociedad. El riesgo de exclusión social, de este segmento de la población, es real. La crisis sanitaria ha traído consigo una crisis social, económica e institucional. La persona natural, cuyo pasivo exceda de 5MM€,  solicitará directamente el concurso de acreedores porque no puede acceder al acuerdo extrajudicial de pagos (art. 632 TRLC).Para las personas naturales en situación de insolvencia, cuyo pasivo sea igual o inferior a 5MM€, el proceso, hasta la obtención del beneficio de la exoneración, se inicia con el acuerdo extrajudicial de pagos que no es una actuación judicial. Al tratarse de una actuación no judicial, no existe posibilidad de designación de oficio de abogado que asuma su defensa porque la Ley de Justicia Gratuita solo contempla este derecho para actuaciones judiciales en las que sea obligatoria la intervención de abogado. Esta situación debería remediarse modificando esta Ley para que el acuerdo extrajudicial de pagos quedase dentro de su ámbito.

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