Plataformas como Airbnb y otros intermediarios deberán presentar una nueva declaración incluida en un real decreto ideado para regular la liquidación del impuesto a las transacciones financieras

El Ministerio de Hacienda ultima reintroducir en la legislación española el control fiscal sobre el alquiler de pisos turísticos, después de que un reciente varapalo judicial por parte del Tribunal Supremo obligara a la Agencia Tributaria a suprimir el modelo hasta ahora vigente. Para subsanar lo antes posible este revés a la supervisión tributaria, el departamento que dirige María Jesús Montero ha decidido valerse de la regulación de la liquidación del nuevo impuesto a las transacciones financieras, la llamada Tasa Tobin, para crear, de forma inminente, una nueva declaración informativa –acorde ya con los criterios judiciales– que deberán entregar al fisco las personas, entidades y “en particular” las plataformas colaborativas, como Airbnb.

El problema surgió en septiembre cuando el alto tribunal español, siguiendo a su vez la doctrina marcada por la Corte de Justicia europea el pasado diciembre, declaró como contraria a Derecho la vigilancia tributaria impuesta por Hacienda, “en prevención del fraude fiscal”, sobre estas actividades. El fallo supuso “la nulidad del apartado 11 del artículo primero del Real Decreto 1070/2017, de 29 de diciembre, que introduce un nuevo artículo 54.ter en el Reglamento General de las actuaciones y procedimientos de gestión e inspección tributaria”, por “no haberse notificado como reglamento técnico a la Comisión, durante la tramitación”.

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