El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que ha enviado el Gobierno a Bruselas guarda más de una sorpresa. Más allá del pago por uso de las autovías que lleva varias semanas sobre la mesa y que, de acuerdo con las primeras previsiones, podría implantarse en 2024, el Ejecutivo deja la puerta abierta a imponer un modelo de peajes en el resto de vías de forma paulatina. Las afectadas serían las carreteras titularidad de las comunidades autónomas y las nacionales.

“Se prevé establecer un sistema de pago por uso en la red de carreteras del Estado, que puede ser ampliable al resto de vías“, recoge el componente 1 del paquete de documentación enviado a Bruselas. Para conseguir este primer hito, el Gobierno ha fijado un plazo de entre dos y tres años, por lo que la implantación efectiva podría darse para 2024. 

Si bien aún queda por delante un desarrollo normativo que no se prevé fácil, el Gobierno plantea a la Comisión Europea una implantación del pago por uso escalable y progresiva y pone como ejemplo la tarificación inicialmente de la Red de Alta Capacidad, y la extensión a otras redes, como la de las comunidades autónomas o la de nacionales, más adelante.

El Ejecutivo justifica la medida bajo los principios “el que contamina paga” y “el que usa paga”, máximas que en España pueden tener reacciones negativas. La principal laguna que el Gobierno percibe sobre esta medida tiene que ver con el rechazo que puede generar en el colectivo de transportistas profesionales por carretera. Para evitarlo, creen necesario, dada la experiencia en otros países, llegar a un acuerdo con el sector antes de la implantación.

Además, y en lo que concierne a este colectivo, la norma propone establecer la obligatoriedad de que sea el cargador quien haga frente a este pago por uso de las vías y no el transportista.

El plan enviado a Bruselas no desglosa el coste que tendría para los conductores

La documentación no desglosa cuáles pueden ser los costes por kilómetro que deban asumir los conductores, si bien en el sector llevan meses cifrando este pago entre tres y cuatro céntimos. La documentación enviada a Bruselas admite que “es esperable” cierto rechazo inicial de la población en general, por lo que la determinación de “unas tarifas asumibles por la población a nivel global pero que garanticen una financiación es fundamental”.

En anticipación de los posibles problemas que la imposición del pago por uso pueda acarrear, la norma ya establece el eventual planteamiento de reducciones o bonificaciones a ciertos colectivos menos favorecidos económicamente, o usuarios habituales en ciertos tramos.

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