La falta de criterios comunes a nivel estatal dificulta el proceso
A la espera de que el Gobierno pueda legislar el concepto de vivienda vacía con criterios comunes en todo el país a través de la futura ley estatal de vivienda, varias comunidades autónomas están llevando a cabo diferentes iniciativas con las que movilizar estos inmuebles hacia el arrendamiento a fin de oxigenar un mercado que la crisis sanitaria y económica del coronavirus ha terminado de colapsar. Conviene recordar, antes de nada, el barullo normativo que existe en torno a esta cuestión, con regiones punteras que definen, censan y legislan sobre su parque vacío y otras que tienen este asunto por ahora en segundo o tercer plano.
Varias comunidades autónomas como Cataluña, País Vasco y los dos archipiélagos, además de la Comunidad Valenciana, Navarra y Aragón, cuentan con mecanismos fiscales para incentivar el traspaso de los inmuebles vacíos al mercado. Tal y como explica el secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo, van “desde las multas coercitivas hasta las sanciones muy graves, que pueden llegar hasta los 900.000 euros en el caso catalán o a la expropiación forzosa en el navarro”.
