Tendría pendientes aún 7.400 millones hasta completar los más de 21.000 que le asignó Bruselas

Segundo desembolso de este 2021 y el quinto desde octubre del pasado año. La Comisión Europea transfería ayer a siete Estados miembro un total de 9.000 millones de euros como parte del fondo de 100.000 destinado a la financiación de los Expedientes de Regulación temporal de Empleo (ERTE). El conocido como Sure ha concedido en este paquete la segunda cuantía más alta a España. Ingresa 2.870 millones de euros, por detrás de los 3.870 de Italia, y más que el doble que Chequia (mil millones) y que se estrena como beneficiaria. También han recibido pagos Croacia (510 millones), Lituania (302), Malta (123) y Eslovaquia (330).

Con este nuevo pago España había rebasado de largo el 50% de lo que le correspondería de la herramienta de emergencia contra la pandemia. Suma 13.870 millones de euros del total de 21.300 que tiene asignados. Este dinero llega en forma de préstamos para hacer frente a los gastos extraordinarios vinculados al empleo. El objetivo es cubrir los costes directamente relacionados con la financiación de planes nacionales de trabajo a jornada reducida y otras medidas similares que hayan puesto en marcha como respuesta a la pandemia de coronavirus, incluso para los autónomos.

Los préstamos se realizan en condiciones muy favorables gracias a emisiones de bonos sociales a 15 años que la Comisión Europea viene lanzando puntualmente y que obtienen una gran acogida en los mercados. Hasta ahora, dieciséis Estados han recibido un total de 62.500 millones de euros en el marco de este instrumento. A lo largo de 2021, el Ejecutivo comunitario tratará de recaudar más de 25.000 millones de euros. «Sure ayudará a proteger los puestos de trabajo de las personas y respaldará a las empresas en toda nuestra Unión. Estamos todos juntos en esto», destacaba ayer la presidenta Von der Leyen que anunciaba estos nuevos desembolsos mediante ‘tweets’ personalizados para cada uno de los países beneficiarios.

Por su parte, los ministros de Economía y Hacienda de los Veintisiete, reunidos por videoconferencia este martes, acordaron que el apoyo fiscal «no debe retirarse demasiado pronto, pero al mismo tiempo, los Estados miembros deberán adaptar sus políticas en el momento adecuado para garantizar la sostenibilidad fiscal a medio plazo». Disposición a que la cláusula de escape (que establece el nivel óptimo de endeudamiento en el 60% y el de déficit en el 3%) se mantenga en suspenso también durante todo 2022.

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