Los propietarios recibirán compensaciones calculadas según el precio de alquiler de la zona, y la norma protegerá también a ‘okupas’ con menores o dependientes a cargo

El Consejo de Ministros ha prorrogado hasta mayo la suspensión de los desahucios por impago de alquiler de familias vulnerables que no tengan vivienda alternativa. La esperada medida, que ha venido acompañada de numerosos tira y afloja en el seno del Gobierno, ha sido confirmada por la portavoz del Ejecutivo María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior a la reunión del ejecutivo. Además, tal y como había adelantado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se han vetado los cortes de agua, gas o luz: “Hemos acordado extender la prohibición de cortes de suministro a todas las categorías de vulnerables que define la ley”, indicó en Twitter. Las medidas están enmarcadas en el Real Decreto-ley de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes.

La prohibición de los cortes de luz, agua o gas también se extenderá hasta el 9 de mayo y será aplicable a quienes acrediten la condición de consumidor vulnerable. Para ello se debe presentar la última factura eléctrica, donde se debe reflejar la percepción del bono social de electricidad. Actualmente 1,2 millones de hogares se benefician de esta calificación. La normativa amparará, también, a consumidores que no tengan asignado el bono social pero que acrediten un grado de vulnerabilidad equivalente. Además, el periodo en el que esté en vigor esta medida no computará a efectos de los plazos legales comprendidos entre el requerimiento de pago y la suspensión del suministro.

Hogares vulnerables, en términos del suministro eléctrico, son aquellos cuya renta es inferior a los 11.279 euros al año (si no hay menores en la unidad familiar) o de 18.799 euros si hay dos menores de edad. También están en esta categoría las familias numerosas o los hogares donde todas las rentas procedan de la Seguridad Social y solo se cobre la pensión mínima.  El suministro de agua está garantizado para toda la población, afirma el Ejecutivo remitiéndose a la la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Por su parte, los colectivos considerados en riesgo de exclusión ya están protegidos frente a cortes del suministro según la normativa eléctrica.

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