El aumento de un 14,3% de las multas de la Inspección laboral que prepara el Gobierno tiene un innegable afán recaudatorio en un momento en que las arcas públicas languidecen por el histórico aumento del gasto público derivado de la pandemia.

La justificación de la medida que prepara el Ministerio de Trabajo no es un incremento descontrolado de las infracciones o del fraude laboral detectado por los inspectores, sino actualizar el importe de unas sanciones que no se han modificado desde el año 2007. De hecho, la subida planteada equivale al incremento experimentado por la inflación desde 2008 hasta el pasado mes de septiembre en nuestro país. Un argumento que podría ser entendible en condiciones normales, pero que en mitad de la más grave crisis sanitaria, económica y social del último siglo resulta completamente extemporánea y sólo se explica por la necesidad acuciante de mejorar la recaudación del Estado para financiar las numerosas partidas presupuestarias engordadas por el actual Gobierno en los últimos meses.

Tampoco la justificación de que el importe no actualizado de las multas disminuye su capacidad disuasoria parece razonable en las presentes circunstancias. En un momento en el que las empresas están realizando enormes esfuerzos para sobrevivir a la histórica depresión derivada de la pandemia y a la creciente incertidumbre sobre la evolución de la economía española en los próximos meses, el Ministerio que dirige la comunista Yolanda Díaz vuelve a extender un manto de sospecha sobre la labor de los empresarios, como ya hizo la propia ministra en varias ocasiones al comienzo de la pandemia. 

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