Una media de veinte años en su puesto de trabajo sin posibilidad de optar a una plaza fija. En esta situación se encuentra un 46% de los empleados públicos canarios según datos de Prefalca, la «Plataforma de Empleados Públicos en Fraude de Ley». Hasta 26.000 personas están en lo que se denomina «fraude de ley», una realidad para aquellos trabajadores que desempeñan sus funciones durante más de tres años con contratos temporales y sin posibilidad de acceder a un puesto fijo.

El pasado mes de marzo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió una sentencia que invalida las Ofertas Públicas de Empleo como sistemas de estabilización para el personal interino. A pesar de ello, y pese a que finalmente no ha sido así, la intención del Gobierno de Canarias era ofrecer en una OPE a finales del 2020 un total de 1.500 plazas fijas. La cuestión ha sido paralizada a la espera de los cambios que se realicen en el Estatuto Básico de los Empleados.

La administración pública regional tiene en su poder la facultad de decretar una norma excepcional que ponga fin a este fraude de ley y que evite un gasto público innecesario en indemnizaciones a los empleados públicos y sanciones administrativas por contradecir las directrices europeas.

ENTREVISTA

Conoce más sobre la situación en la entrevista que Miguel Quintero, portavoz de Prefalca, ha ofrecido a Gescovid.

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