Los sindicatos defienden este instrumento para acabar con la brecha salarial mientras los empresarios consideran que las diferencias salariales se atajan con medidas sociales y no con herramientas administrativas «que solo generan más coste a las empresas»

El miércoles entró en vigor la obligatoriedad de todas las empresas españolas con asalariados de tener un registro salarial.

Se trata de un documento que se tiene que elaborar cada año y en el que se tienen que detallar de forma pormenorizada y por categorías profesionales y sexo los salarios medios de cada uno de los trabajadores, así como los complementos y conceptos extraordinarios. La medida incluida en la Ley 6/2019 y desarrollado por el RD 902/2020 busca reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres e igualar los salarios que cobran unos y otros por el mismo trabajo y las mismas condiciones.

Este registro retributivo es hoy una realidad en la mayoría de las grandes empresas de Canarias. Sin embargo, es prácticamente inexistente en la mayoría de las pymes de las islas a pesar de que no tenerlo elaborado puede entrañar sanciones de 6.251 euros.

Las grandes sociedades de las islas, las que tienen más de 100 trabajadores son las más cumplidoras, ya que desde el 7 de marzo están obligadas a tener planes de igualdad. Desde esa fecha deben tener diseñadas e implementar medidas que garanticen la igualdad de trato y oportunidades entre sus trabajadores y trabajadoras. Entre otras cosas han de contar con este registro retributivo y realizar auditorías salariales, que contengan un diagnóstico de situación y un plan e actuación para corregir desigualdades. También cuentan en Canarias con el registro retributivo la mayoría de sociedades con más de 50 trabajadores, que en marzo del próximo año tendrán que tener esos planes de igualdad.

Entre unas y otras hablamos de unas 1.400 empresas. El resto del tejido productivo de Canarias, la gran mayoría, en torno a 56.000 pequeñas empresas con asalariados de las islas «siguen en pañales» respecto a contar con ese registro retributivo.

Así lo indican distintas fuentes consultadas y que aseguran que, en casi todos los casos, no se ha elaborado ese documento por desconocimiento; si bien, también hay empresas que prefieren arriesgarse a una multa de 6.215 euros. Además, según indican fuentes cercanas, dada la situación que se ha vivido en el último año a consecuencia de la covid, la Inspección está siendo flexible y «avisa» de la obligación de ese registro antes de imponer la sanción.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here