El ministro retrasa a 2022 dar una solución a ese más de medio millón de parados de la crisis que se vieron forzados al retiro y que sufren una merma de su pensión de hasta el 40%

Mientras el Gobierno y los agentes sociales negocian la reforma de las pensiones, y con pocos avances por el momento, crece la presión sobre el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para que solucione con urgencia las fuertes penalizaciones que arrastran cientos de miles de parados que se vieron forzados a jubilarse de forma anticipada al verse expulsados del mercado laboral a raíz de la anterior crisis económica. Son más de medio millón (concretamente 535.000) de personas, en su mayor parte procedentes de ERE, y la lista seguirá creciendo si no se le pone coto, más ahora que la pandemia está elevando significativamente el número de despidos.

Quince de las 17 comunidades autónomas se han sumado a esta reivindicación que abandera la plataforma Asjubi40 con el apoyo del sindicato UGT y que exige que se eliminen los coeficientes reductores cuando se haya trabajado 40 años o más, tanto para los actuales pensionistas como para los futuros. Así, salvo La Rioja y Canarias –que lo hará próximamente-, todos los parlamentos regionales han aprobado sendas propuestas no de ley (PNL) para despenalizar las jubilaciones anticipadas de personas con largas carreras laborales. La última en sumarse fue Castilla-La Mancha, cuyo parlamento dio luz verde a esta propuesta ayer mismo y Canarias lo hará en el próximo pleno.

También recientemente el Ayuntamiento madrileño de Parla aprobó una moción para unirse a esta reivindicación, con lo que se suman ya los apoyos de unos 40 ayuntamientos y ocho diputaciones. Además, ha sido ya convalidada por el Congreso de los Diputados y el Senado.

«Todos estos órganos, que representan al 94,8% de los españoles, nos han dado su apoyo y seguirán haciéndolo mientras nuestro ministro siga sin decirnos nada», aseguró en rueda de prensa Menchu Vila, miembro de Asjubi40, quien lamentó que a día de hoy todas estas proposiciones y mociones no se han traducido en una norma pero sí en una recomendación del Pacto de Toledo.

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